Despachos internacionales de abogados preparan una ola de demandas contra el Gobierno de México, "para proteger las inversiones" de empresas que participan en el sector eléctrico y que podrían ser afectados por la Reforma Eléctrica, enviada en septiembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, DLA Piper, el cual es un despacho global con oficinas en más de 30 países en América, Asia Pacífico, Europa y Oriente Medio, ha publicado un documento dirigido a sus clientes sobre la reforma eléctrica del actual gobierno mexicano en el que concluye tajante que "los inversionistas privados se verían gravemente afectados (por la reforma) al implicar ésta un cambio drástico en las normas que permitieron realizar sus inversiones, en violación a principios de seguridad jurídica, libre competencia y estabilidad en el régimen regulatorio".
Por lo tanto, al citar "el marco de los más de 30 acuerdos internacionales para la promoción y protección de las inversiones suscritos por México a la fecha", asegura el despacho de abogados internacionales que "es recomendable que los inversionistas que hayan participado en proyectos de este sector en México consideren los derechos y potenciales recursos de los que son titulares bajo los tratados de inversión aplicables u otros instrumentos internacionales, al ser el arbitraje de inversión una potencial y efectiva vía para la protección de sus inversiones".
La glosa que el desapacho internacional hace sobre la citada reforma obradorista, se concentra en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de tal manera que establecen, entre otras cosas, lo siguiente:
La reforma propuesta establece a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado; incorporando la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica como “procesos indivisibles”. Ello tiene por consecuencia que el Estado, a través de la CFE, “llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva”, la que “podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.
La Iniciativa propone otorgar a la CFE la calidad de “organismo del Estado” (en contraste con su actual naturaleza de “empresa productiva del Estado”), y le asigna facultades regulatorias sobre el mercado.
Además, la Iniciativa concentra en la CFE la conducción del sector eléctrico mexicano al, por ejemplo, (a) incorporar en ésta el Centro Nacional de Control de Energía (el operador independiente del sistema eléctrico mexicano desde la Reforma de 2013), (b) otorgar a la CFE la facultad de “despachar sus centrales por mérito económico” y (c) otorgarle la facultad de determinar “las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así como las tarifas para usuarios finales”.
En ese contexto, la CFE se integra como “un solo organismo del Estado” en forma vertical y horizontal, manteniendo un número reducido de subsidiarias, y se “cancela su estricta separación legal”, derivada de la Reforma de 2013.
Notablemente, la Iniciativa prevé que “la CFE generará por lo menos 54 por ciento del consumo eléctrico nacional de manera permanente” y fija como máximo el 46% de la participación en el mercado a los inversionistas privados (a pesar de que el mismo documento reconoce que, actualmente, las empresas privadas representan el 62% del mercado), y las sujeta “a la planeación y control del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE”.Dicho 46%, señala la Iniciativa, “se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia” y, sin mayor explicación, el documento prevé “la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así coma las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución”.
Adicionalmente, la Iniciativa establece que sólo serán reconocidos los proyectos privados que fueron desarrollados bajo los siguientes esquemas de generación de electricidad: (a) centrales de productores independientes “sin considerar excedentes ilegales”; (b) centrales de subastas de largo plazo y centrales construidas a partir de la legislación derivada de la Reforma Energética de 2013; y (c) centrales eléctricas “de Autoabastecimiento auténtico (sic)”.
Estas centrales eléctricas, señala la Iniciativa, “podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar los menores costos de producción, para que sea adquirida por la Comisión Federal de Electricidad a través del CENACE, en el corto y largo plazo, para beneficio de los usuarios finales”; sin embargo, la Iniciativa plantea que la CFE “establecerá las modalidades de contratos necesarias para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, como régimen especial distinto a lo establecido en el artículo 134 constitucional”.
Mientras que la “generación procedente de las modificaciones a los permisos de Autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” y la “generación excedente de los Productores independientes de Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central” no será reconocida ni adquirida por CFE.
En materia de energías renovables, la Iniciativa prevé que “el Estado establecerá la Transición Energética, utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero”. En ese contexto, la CFE será responsable de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta. Asimismo, la Iniciativa propone cancelar los Certificados de Energías Limpias.
Por su importancia para la Transición Energética, señala la Iniciativa, “no se otorgarán concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos necesarios”; sin embargo, a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, “no les será aplicada la restricción referida”.
- Por último, la Iniciativa prevé que los órganos reguladores coordinados en materia energética Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE), “se suprimen” y su “estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaria de Energía, en lo que corresponda”.
El amplio documento que se puede consultar en este enlace, realizado por los expertos en la materia: Kate Brown de Vejar, Marcelo Páramo Fernández y Carlos Enrique Guerrero Alarcón, expone dos escenarios fundamentales de los efectos de la iniciativa obradorista:
El primero, es el porcentaje mínimo de participación en el mercado que “otorga” la Iniciativa a la CFE (y su correlativo límite para las empresas privadas) considerado como "arbitrario", debido -argumentan- a que la iniciativa no ofrece explicación de los criterios utilizados para la selección de dichas cifras. Además, ese 54 por ciento es aún más grave si se considera que, el mismo documento, reconoce que, actualmente, los inversionistas privados cuentan con 62 por ciento de participación en el mercado.
La adquisición por el Estado mexicano del 8% de la generación que, actualmente, está en manos de los privados podría dar lugar a una verdadera expropiación regulatoria de las centrales de generación que se vean afectadas por las medidas que se tomaran bajo dichos criterios, como señalaron el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de México. No se debe perder de vista que ese “8%” representa inversiones multimillonarias por parte de inversionistas nacionales y extranjeros.
De ahí que la consultora advierte que la pretendida “cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así coma las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución” representaría un golpe sin precedentes para los inversionistas privados, ya que, no sólo se verían sumidos en una total incertidumbre respecto a sus derechos, sino que serían obligados a contratar bajo el “mecanismo de adquisición por parte de la CFE” a ser determinado.
Fuente Original: President of Mexico files constitutional reform bill on electricity
