BMJ descubre cómo Coca Cola oculta efectos nocivos en salud de mexicanos

Durante 2014 Coca Cola aplicó una estrategia piloto en México para lograr evitar cobros de impuestos y frenar la difusión de estudios científicos asertivos que demostraron cómo la industria refresquera provoca altas tasas de obesidad y diabetes. Una investigación publicada hace algunos días por la prestigiosa empresa de salud BMJ internacional concluye, con base en documentos internos oficiales, que científicos y gobierno sesgaron resultados para favorecer a la industria de bebidas azucaras en detrimento de la salud de los mexicanos.

La investigación realizada por Andrea Pedroza-Tobias, Eric Crosbie, Melissa Mialon, Angela Carriedo y Laura A Schmidt, miembros de BMJ, destaca cuatro puntos sustanciales de los resultados que titularon "Interferencia de la industria de alimentos y bebidas en la ciencia y las políticas: esfuerzos para bloquear la implementación del impuesto a las bebidas gaseosas en México y prevenir la difusión internacional":

► La oposición de la industria de alimentos y bebidas puede intensificarse después de la promulgación de un impuesto a los refrescos porque los intereses creados esperan debilitar o retrasar la implementación y evitar la difusión de políticas a otros países.

► Después de que entró en vigor el impuesto mexicano a los refrescos en 2014, las corporaciones transnacionales de alimentos y bebidas reclutaron científicos para producir evidencia aparentemente creíble de que la política no estaba logrando su objetivo de reducir el consumo de bebidas azucaradas (SSB).

► Los estudios financiados por la industria se difundieron y ampliaron rápidamente fuera de la literatura científica en los medios de comunicación internacionales y las discusiones sobre políticas de salud global para argumentar que el impuesto no estaba logrando su objetivo de reducir el consumo de SSB.

► México finalmente jugó un papel decisivo en atraer la atención internacional sobre los impuestos a las bebidas gaseosas al proporcionar el primer contexto del mundo real para estudios revisados ​​por pares que documentan su efectividad.

EL HORIZONTAL || Hasta enero de 2016 las evaluaciones no financiadas por la industria de la política tributaria mexicana comenzaron a aparecer en la literatura científica revisada por pares. La investigación de BMJ identifica que las industrias de alimentos y bebidas financiaron estudios que produjeron estrategias discursivas alineadas con sus intereses, para restar importancia a la efectividad del impuesto mexicano a los refrescos.

Los estudios financiados por la industria documentaron los impactos negativos del impuesto a las bebidas gaseosas en la economía mexicana, argumentando que la política conduciría a la pérdida de empleos, al cierre de tiendas de abarrotes y afectaría la economía del país, mientras que las evaluaciones no financiadas por la industria no encontraron ningún efecto negativo al respecto.

Los análisis científicos financiados por la industria presentaron argumentos relacionados con la justicia social, como criticar el impuesto de regresivo, y argumentando que la política era injusta para los más pobres: aunque los ingresos fiscales se recaudaban principalmente de los hogares más ricos, la carga fiscal (era) más pesada en los hogares más pobres.

Entre las conclusiones de la investigación demuestran que "está bien documentado que las industrias que perjudican la salud financian a científicos para que realicen investigaciones que socaven las nuevas regulaciones de salud que, de ser promulgadas, podrían amenazar los intereses comerciales".

Lo más preocupante de estas estrategias en menoscabo de la salud de millones de seres humanos es que con el tiempo, los estudios financiados por la industria sobre México fueron difundidos globalmente por ejecutivos de la industria de bebidas que buscaban contener los impuestos a las gaseosas en México.

A medida que crecía la amenaza de la difusión internacional, los ejecutivos de las corporaciones transnacionales de bebidas, como Coca Cola, con la ayuda de sus asociaciones comerciales globales, amplificaron la narrativa de un impuesto mexicano fallido en sus redes de comunicación globales.

Los estudios financiados por la industria sobre México se debatieron en la prensa internacional durante el período previo a la reunión de alto nivel de la ONU sobre ENT de 2018, pero para entonces, los estudios independientes revisados ​​por pares habían proporcionado evidencia contradictoria, lo que resultó en un grado moderado de apoyo.