La crisis por la que atraviesa la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) en México no es gratuita: un documento desclasificado de una auditoría aplicada a la DEA por el Departamento de Justicia de Estados Unidos entreteje cómo algunos de sus agentes actuaron sin rigor ante las mafias del narcotráfico en medio de ambientes corruptos y cómo han incumplido con procesos rutinarios como los análisis de orina. Por eso, el gobierno de EU emite 10 recomendaciones para que la DEA "mejore la gestión estratégica" y la "supervisión" de las unidades de aplicación de la ley extranjeras.
El documento que analiza varios eventos críticos de la DEA con los gobiernos de otros países, relata el desafortunado caso de Allende, Coahuila, en la administración de Felipe Calderón, cuando su agente Richard Martinez, provocó una respuesta violenta de los jefes de la mafia de los zetas, Omar y Miguel Ángel Treviño, por supuestas traiciones. El caso solo se cita como un punto rojo o una crisis (incidents) llamada Allende. Una desafortunada masacre que documentaron con detalle, algunos años después de ocurridos los hechos, varios investigadores del Colegio de México, coordinados por Sergio Aguayo e intitulada:
Aunque no se centra en puntos específicos o incidents, como los llaman en inglés, las diez recomendaciones son generales para todas las oficinas que operan en el extranjero. Aclaran desde el inicio que a través de unidades de aplicación de la ley extranjeras apoyadas por la DEA, este organismo puede realizar operaciones bilaterales, coordinar programas de interceptación de cables judiciales y recopilar información de inteligencia sobre el contrabando de drogas ilícitas en los Estados Unidos.
Si bien estas actividades son primordiales para las operaciones globales de la DEA, existen riesgos significativos al pagar a unidades extranjeras y compartir información de investigación confidencial en lugares con antecedentes de corrupción generalizada.
La Oficina de Operaciones Extranjeras de la DEA, Sección de Impacto Internacional (OFP), es responsable de la supervisión desde la sede de los programas VU SIU y No SIU, los cuales tienen estructuras formalizadas para investigar y capacitar al personal extranjero. Sin embargo, descubrimos que el programa precursor operó con "poca supervisión" de la sede hasta agosto de 2020, cuando la DEA hizo la transición a un nuevo programa titulado contrapartes extranjeras, el cual es administrado por las oficinas en cada país que opera. Durante los años fiscales de 2017 a 2019, la DEA tuvo SIU en 15 países, VU no SIU en 8 países y asociaciones de programas precursores en todo el mundo.
La auditoría recomienda a la DEA que "puede" reducir el riesgo mejorando su proceso de notificación y respuesta a incidentes críticos que involucran a SIU y VU, que no pertenecen a SIU; es decir, unidades extranjeras.
La DEA ha reconocido que sus operaciones bilaterales implican relaciones delicadas con los países anfitriones; se deben tener en cuenta riesgos de violencia y corrupción. Estos riesgos están a la orden del día de la DEA para establecer protocolos de selección y procedimientos de investigación de antecedentes, para sus programas formales SIU y no SIU VU.
Sin embargo, la DEA ha experimentado varios incidentes negativos y muy publicitados que involucran a estas unidades, que resaltan la importancia de las salvaguardas del programa y la realidad de los riesgos asociados con estas asociaciones. Sin embargo, la DEA no ha evaluado estratégica o programáticamente estos incidentes que involucran a unidades de cumplimiento de la ley extranjeras para identificar las lecciones aprendidas y mejorar la supervisión.
En las recomendaciones señalan:
La DEA ha tomado medidas en respuesta a las recomendaciones de la OIG (Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia del Gobierno de EU) asociadas con incidentes de disparos mortales que involucraron a una unidad examinada en Honduras, y la OIG continúa coordinando con la DEA para implementar estas recomendaciones para garantizar que las investigaciones posteriores al incidente de las acciones de aplicación de la ley extranjeras sean integrales. Y minucioso. También descubrimos que la orientación de la DEA sobre la responsabilidad de la sede de rastrear y monitorear incidentes críticos y responsabilizar a las Oficinas de País de la DEA por evaluar los riesgos y resolver cada incidente crítico fue inadecuada.
Desde 2011, cuando varios organismos mexicanos solicitaron al gobierno de Estados Unidos deslindar responsabilidades de la DEA en el caso de Allende y otros en México, los congresistas tomaron cartas del asunto. En 2018, la OIG (Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia del Gobierno de EU) recibió dos solicitudes del Congreso para evaluar la coordinación de la DEA con unidades de contraparte extranjeras.
Una de estas solicitudes se refería a las denuncias de posible mala gestión y mala conducta en la oficina de país de la DEA en Haití, incluidas las preocupaciones sobre la asociación de la DEA con ciertas agencias policiales haitianas que se remontan a 2015. La otra solicitud se refería a las operaciones llevadas a cabo por las SIU en México. Durante la última década, lo que generó serias preocupaciones sobre las prácticas de las SIU capacitadas y financiadas por la DEA y la necesidad de una mayor rendición de cuentas para las unidades examinadas. Si bien la OIG no inició revisiones específicas para cada uno de estos incidentes, estas solicitudes se consideraron en esta revisión más amplia del apoyo de la DEA a las unidades extranjeras de aplicación de la ley.
"Nuestro objetivo de auditoría fue evaluar la eficacia de la gestión estratégica con base en la sede de la DEA y la supervisión de las unidades de aplicación de la ley extranjeras apoyadas por la DEA. El alcance de nuestras pruebas generalmente incluyó actividades de la DEA entre los años fiscales de 2017 a 2019. Para lograr nuestro objetivo, analizamos los datos de la DEA, revisamos las políticas y los procedimientos de la DEA y evaluamos los informes de la DEA relacionados con las unidades de aplicación de la ley extranjeras respaldadas. También realizamos entrevistas con 70 personas de la DEA, para incluir miembros de SIU y DOS-INL. Aunque realizamos una visita de campo internacional inicial al sitio de Santo Domingo Oficina de País en la República Dominicana, las restricciones a los viajes internacionales debido a la pandemia de COVID-19 cambiaron nuestro enfoque hacia la auditoría de la gestión y supervisión de estas unidades en la sede de la DEA".
De esta manera, la OIG recibió solicitudes del Congreso para revisar información relacionada con "ciertos incidentes" y eventos en Haití y México que involucraron a unidades de aplicación de ley extranjera apoyadas por la DEA. Al realizar esta auditoría, consideraron esos eventos y revisaron la documentación asociada con varios otros incidentes que involucraron a unidades de aplicación de ley extranjera apoyadas por la DEA en Colombia y Honduras. La siguiente es una descripción general de estos incidentes y la conexión con las asociaciones de la DEA con unidades de aplicación de la ley extranjeras.
Entre 2018 y 2020, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que las investigaciones criminales encontraron evidencia de que en México "el comandante" de la SIU, que dirigió la unidad desde 2008 hasta 2016 y había participado en la unidad desde 2003, aceptó sobornos de las DTO a cambio de protección contra la interferencia de las fuerzas del orden y reveló información confidencial sobre las investigaciones de la DEA a estas organizaciones.
Además, como se señaló anteriormente, la SIU de la DEA en México fue objeto de investigaciones del Congreso en respuesta a informes públicos sobre presuntos incidentes que involucraron a miembros de la DTO, incluido el secuestro de cinco ciudadanos mexicanos de un hotel en Monterrey que ocurrió simultáneamente a una operación dirigida por la DEA que involucró a la SIU de México en abril de 2010, y una DTO que cometió una masacre en la ciudad mexicana de Allende, después de recibir información filtrada de la SIU de México en marzo de 2011.
En el documento se cita el caso de Colombia, donde un supuesto oficial extranjero de la DEA organizó "fiestas sexuales" con prostitutas (financiadas por los cárteles de la droga local) para agentes de la DEA en habitaciones alquiladas por el gobierno. Esta revisión también encontró que "los oficiales extranjeros alegaron que los agentes especiales supervisores recibieron dinero, obsequios costosos y armas de miembros del cártel de la droga. Al final, 7 de los 10 agentes de la DEA admitieron haber asistido a fiestas con prostitutas mientras estaban en el extranjero".
Con respecto a las oficinas en México, la DEA no contaba con un proceso para evaluar si había alguna conexión entre los eventos de 2010, 2011 y la SIU.
En 2018, la DEA realizó un examen del año fiscal 2018 de los expedientes de casos históricos relacionados con los cárteles mexicanos involucrados en los incidentes de Monterrey y Allende, y determinó que la oficina reportó los secuestros de Monterrey de 2010 a la sede de la DEA solo a través de un correo electrónico y diferido al anfitrión. com información de que la policía de México realizaría las investigaciones.
La DEA no identificó ninguna evidencia de que la oficina de la DEA en México notificara a la sede de la DEA sobre el incidente de Allende de 2011. Cuando la OIG hizo un seguimiento con los funcionarios de la DEA que llevaron a cabo este examen para el año fiscal 2018, "nos dijeron que, en el momento de estos trágicos eventos, los cárteles mexicanos estaban operando de una manera especialmente violenta y que las fuerzas del orden mexicano experimentaron importantes desafíos de investigación, por lo que estos casos no se pueden revisar en un 'vacío'.
"En este examen del año fiscal 2018, la DEA concluyó que no había evidencia clara u oportuna para conectar los eventos con la actividad de investigación de la SIU de México o la DEA, pero tampoco había indicios de que la DEA intentara evaluar o considerara esta conexión potencial en ese momento. También nos dijeron que la DEA no tiene un método en sus sistemas para documentar o vincular la información del caso a las SIU, por lo que fue difícil rastrear toda la información relevante.
"De igual manera, en cuanto a las lecciones programáticas aprendidas de la identificación del comandante corrupto en México, la dirección de la DEA nos dijo que el incidente se manejó a través de la investigación del ex comandante, mientras que la OFP nos informó que tomó el control del financiamiento que la oficina necesitaría para reclutar nuevos miembros para la SIU.
"De acuerdo con la documentación de la DEA, la representación de la DEA en México coordinó con la Policía Federal Mexicana para sacar al Comandante de la SIU, pero no informó el incidente relacionado con la investigación y el traslado del comandante de la SIU a la OFP en la sede de la DEA hasta abril de 2018; 18 meses después de ocurridos los hechos en Monterrey y Allende.
"Después de que el ex comandante fuera acusado y no impugnara los cargos de obstrucción de la justicia y conspiración con otros para impedir de manera corrupta una investigación de tráfico de estupefacientes con sede en Estados Unidos.
"Después de este informe, en 2018, la oficina de la DEA en México implementó rotaciones rutinarias de SIU. Sin embargo, descubrimos que, incluso después de que se informó de la corrupción a la sede de la DEA, la DEA no llevó a cabo una evaluación de riesgos, no evaluó su supervisión del Programa SIU ni intentó determinar por qué los procedimientos de investigación existentes no identificaron el riesgo planteado por el conexiones del comandante".
